Mediante el decreto 229/2022, promulgado el pasado 9 de agosto, el intendente Octavio Ibarra determinó que se realice una denuncia penal por un faltante en el corralón municipal. 

La investigación administrativa inició el pasado 27 de abril mediante el decreto 134/2022 para investigar los hechos denunciados el día anterior -26 de abril- por parte del secretario de Desarrollo Humano y Gobierno, Omar Scaramuzza, y también por una nota suscripta por el agente municipal Marcos Musso. 

La investigación de los hechos: mensajes, faltantes y más

Dentro de los considerandos del decreto se especifica algunos detalles del diálogo entre algunos trabajadores municipales donde se da cuenta, por parte del agente –ahora cesanteado- Rosendo Díaz sobre presuntos hechos de venta de rotomartillo por parte de Musso y que éste al ser investigado intenta reponer con una herramienta propia, pero no el original. Díaz expresó –según detalla el decreto- que tenía registrado en detalle “todo lo que encubría a Musso”, en lo que se detalla la venta de chatarra del basural, el alquiler de una “mulita” municipal, la falta de un neumático del camión de recolección de residuos y el retiro de tambores de aceite quemado.

La investigación fue encabezada por el asesor letrado del municipio, Omar Artese, y se recabaron declaraciones testimoniales a cinco trabajadores municipales, además del secretario Scaramuzza, donde se detectaron, según consta en el decreto “existen claras contradicciones que no permiten dilucidar la autoría de los supuestos ilícitos que allí se insinúan”, a excepción de un rotomartillo. 

Faltantes en viviendas, denuncia ante la Policía, pero sin sanciones 

También se desarrolló un inventario de máquinas y herramientas en las diferentes locaciones municipales. Cabe destacar que desde el área de Viviendas que abarca también a las unidades de UATRE se dejó constancia de faltantes en tres oportunidades: Dos en septiembre 2021 y una vez en junio de 2022, donde se realizó la correspondientes denuncias ante la Policía de Córdoba. 

“No se ha podido establecer la responsabilidad o autoría de los hechos relatados que permitan atribuir a alguno de los empleados que prestan tareas en el área municipal” señala uno de los párrafos del decreto firmado por Ibarra. Ante esto, se decidió no iniciar un sumario administrativo y por ende, el archivo de la causa. 

Sobre la desaparición del rotomartillo marca Dowen Pagio (nuevo), se instruyó que el jefe de la sección realice la denuncia pertinente ante la Policía. 

“De las pruebas incorporadas no surge la posibilidad de imputar a ningún empleado municipal, respecto a la autoría de los supuestos ilícitos que se ordenan investigar, como tampoco para imputar actos de conducta”.