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Condenan a pareja detenida cerca de James Craik con cocaína y marihuana

Una mujer y su concubino fueron condenados ayer en los Tribunales de Villa María por un hecho de por narcomenudeo, como consecuencia de haber sido arrestados con drogas cuando viajaban por la autopista desde la ciudad de Córdoba hacia James Craik a bordo de un remís.

Judiciales 02/12/2022 Santiago Daniel Montoya Santiago Daniel Montoya
Tribunales de Villa María
Condenan a pareja detenida cerca de James Craik con cocaína y marihuana.

Una mujer y su concubino fueron condenados ayer en los Tribunales de Villa María por un hecho de por narcomenudeo, como consecuencia de haber sido arrestados con drogas cuando viajaban por la autopista desde la ciudad de Córdoba hacia James Craik a bordo de un remís, cronica en su edición de hoy El Diario de Villa María. 

Evelyn Alexandra Cuello Suárez (29) y Maximiliano Andrés Leiba (27) recibieron penas de tres años de prisión de cumplimiento efectivo y multas de 75.000 pesos para cada uno, tras ser declarados coautores penalmente responsables del delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”.

La pareja se encuentra detenida desde el pasado 14 de abril, cuando efectivos de la Policía Caminera, en un control vehicular de rutina, interceptaron la marcha de un coche de alquiler que Cuello Suárez y Leiba habían contratado en Córdoba para viajar a la vecina localidad.

 

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La droga incautada

El procedimiento se llevó a cabo sobre la autopista, a la altura del peaje emplazado a la altura de James Craik, y en la oportunidad los policías secuestraron 130 gramos de marihuana (alrededor de 100 gramos en dos trozos compactados y los restantes en forma de picadura), 19 cogollos de cannabis sativa y cinco gramos de clorhidrato cocaína, además de dinero en efectivo y otros elementos relacionados con la actividad ilegal.

Como consecuencia del hallazgo, los uniformados convocaron a personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), que se encargó de concluir el operativo, con intervención de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Villa María, con jurisdicción en el lugar de los arrestos.

Cabe señalar que Cuello Suárez tiene como antecedente una causa penal similar, ya que en 2015 fue sentenciada a dos años de prisión de ejecución condicional (es decir, en suspenso) dictada por la Cámara Primera del Crimen de la ciudad de Córdoba por un hecho de “tenencia simple de estupefacientes”.

Al momento de ser detenida, la mujer trabajaba como empleada de un almacén, mientras que su pareja se ganaba la vida realizando tareas de albañilería. Ambos registran domicilio en barrio Las Lilas de la capital provincial.

 

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Confesaron su culpabilidad

A poco de comenzada la audiencia de debate, ambos miembros de la pareja reconocieron su culpabilidad en el hecho, por lo que el juicio se abrevió en cuando a su desarrollo (no se receptaron testimonios en la sala), pero no con respecto al monto de la pena.

Como es habitual en este tipo de procesos, la Defensa de los acusados, ejercida por el abogado villamariense Eduardo Rigalt, planteó la inconstitucionalidad de la escala penal prevista por el artículo 5, inciso “c”, de la Ley Nacional de Estupefacientes Nº 23.737, que establece una sanción de cuatro a 15 años de cárcel.

Para ello, invocó un fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que en octubre de 2016 declaró inconstitucional la sanción prevista para el último eslabón de la comercialización de estupefacientes (narcomenudeo) y sostuvo que el mínimo legal “viola el principio de proporcionalidad de las penas y de igualdad ante la ley”.

En ocasión de resolver un recurso de casación en la causa “Loyola, Sergio Alejandro, por supuesto autor de comercialización de estupefacientes”, el TSJ cordobés sentó jurisprudencia en la materia y cada vez que una persona es juzgada por ese delito, la Defensa alude a dicho fallo.

Previamente, el fiscal de Cámara, Francisco Márquez, había solicitado penas de cuatro años de prisión efectiva para Cuello Suárez y para Leiba, es decir, el mínimo previsto por la ya mencionada “ley de drogas”.

Al dictar sentencia, la jueza Eve Flores hizo lugar al planteo de Rigalt y fijó una escala penal que va de los tres a los 10 años de prisión y multa de entre 45.000 y 300.000 pesos.


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