Los detalles de la causa de la megabanda que operaba en Oliva

Judiciales 12 de noviembre de 2019 Por
Desde este lunes, a media mañana, en la Cámara del Crimen de Villa María inició la primera audiencia de un juicio en el que se juzgan a ocho personas acusadas de formar una asociación ilícita dedicada a la venta de autos robados. Hoy se conocería el veredicto.
Megabanda
Policías y civiles son juzgdos en estos momentos en la Cámara del Crimen (FOTO:Gentileza Puntal de Villa María).

Si bien la requisitoria no determina con exactitud el período de tiempo en el que se habrían cometido los hechos, establece que el plazo podría estar comprendido entre el 29 de diciembre del 2014 y el 1 de marzo de 2018. Si bien la requisitoria tampoco detalla el dónde, dice que “presumiblemente” ocurrieron en Oliva., crónica el matutino Puntal de Villa María.

 

Lo que sí se dice con precisión son los nombres de los imputados: Silvia Andrea Bogaert (44), Carlos Iván Silva (35), Mario Alberto Soria (42), Nelson Oscar Bracamonte (51), Ezequiel David Flores (32), Rubén Alberto Arce (51), Carlos Antonio Orellano (59), Alejandro Javier Ostorero (50), David Omar Cánova (32) y Nancy María de Lourdes García (42).

 

Los nombres, hasta ahora, son diez. De esos diez, hay dos que solicitaron lo que se denomina el instituto de la probation (suspensión de juicio a prueba). Se trata de Orellano y Ostorero. Y a ellos se le suman cinco más (que hicieron lo mismo y por ello no estuvieron en el juicio): Claudio Alejandro Martínez, Mariano Matías Pablo Santillán, Jorge Esteban Suárez, Sergio Adrián Espósito y Claudio Martín González.

 

Lo que también dice la acusación es que, de común acuerdo, formaron una organización “con vocación de permanencia y con división del trabajo”. Esa organización, según figura en el expediente, tenía por objetivo cometer diversos delitos contra la administración pública, la fe pública y la propiedad.

 

Cuando se habla de división del trabajo se habla de receptar y ocultar los vehículos robados. Se habla de la supresión de las chapas patentes y de la venta ilegal de los rodados sustraídos en Oliva y otras localidades. Se habla de personas que compraron los autos y camionetas sin saber el detrás de escena, pero se habla también de otros que sí conocían de dónde provenían.

 

Se dice, en primer lugar, que Bogaert dirigía la organización. Se dice que Bracamonte y Flores intervenían personalmente en la receptación de los vehículos robados por personas aún no individualizadas. Se dice que buscaban ponerlos a resguardo de la Policía y que, en algunos casos, le suprimían las chapas patentes y le colocaban apócrifas. Se dice que, asimismo, oficiaban de vendedores o esperaban que los demás se los pidieran. Se dice que Silva (pareja de Bogaert), Soria, Arce, Orellano y Ostorero hacían prácticamente lo mismo. Y se dice, por último, que los efectivos Cánova y García colaboraban en el traslado de los rodados desde Córdoba hasta Oliva. Se dice que evitaban controles. Se dice que hasta se apoderaron de un auto tras un allanamiento ilegal. Se dice que incumplieron su función.

 

Se habla, por otro lado, del porqué, de los motivos: generar un perjuicio patrimonial a terceros en beneficio propio. Es por eso que se habla de encubrimiento por receptación y ocultación agravada por el ánimo de lucro, encubrimiento agravado por la calidad de funcionario público, supresión/sustitución de chapas patentes, estelionato —fraude o engaño en los contratos— y un larguísimo etcétera.

 

Si bien hay nombres, hay otros que no se conocen. De acuerdo con la requisitoria, esos otros nombres son los de personas con quienes los imputados mantuvieron contacto para “interiorizarse de la disponibilidad de vehículos recién sustraídos, en cuyo caso negociaban las compras”. Esos otros son los de quienes les habrían asistido en temas técnicos o entregado data.

 

Una vez que tenían los rodados, los escondían. Mientras tanto, “analizaban convenientemente las distintas oportunidades de venta ilegal (...) contactando preferentemente (...) a personal de la fuerza policial, y así finalmente obtener un provecho económico al vender a terceros” los autos y camionetas.

Los episodios acaecidos en Oliva

La requisitoria habla de cada uno de los hechos. Dice que, por ejemplo, en Oliva, en una fecha “que no se puede precisar” pero que está entre abril de 2013 y el 16 de agosto de 2016, Bogaert recibió de alguien que todavía no ha sido identificado tres sellos: dos de médicos del Sanatorio Privado Oliva S. A. (y otro sello de la institución).

 

Después, en la acusación, se detalla cada uno de los episodios. Se señala que, por ejemplo, en diciembre de 2015, alrededor de la una y media de la mañana, personas no identificadas robaron, con un arma de fuego, un Chevrolet Cruze gris. El auto estaba estacionado en la cochera de un edificio ubicado en el barrio Alberdi de la capital cordobesa.

 

Se concreta el delito y después entran en escena los acusados. Y algunos lo receptan, otros le reemplazan la chapa patente, se consigue documentación falsa y así se sigue. En este caso, además, según el expediente, Bogaert se lo vendió a un hombre que abonó 60 mil pesos (y le quedaron 20 mil de saldo). La mujer, tiempo después, fue hasta el domicilio del comprador y le suprimió la patente.

 

El 26 de febrero de 2015, García y Cánova entraron en acción. De civil, fueron a una vivienda de Oliva. Allanaron sin las formalidades correspondientes. García colocó el arma sobre la mesa y dijo: “Venimos por un secuestro”. Sacó un papel. En realidad, un símil de una orden de allanamiento. “Vos estás imputada porque tenés un auto que pertenece al gobierno y es de un funcionario público que está en función”, siguió.

 

La damnificada los llevó con el Chevrolet Cruze. Cánova levantó el capot. Se constató que la numeración del motor coincidía con la que figuraba en la supuesta orden efectuada a los fines del procedimiento. El requerimiento habla de abuso de autoridad. Y se llevaron el Cruze.

 

Otra vez no se puede precisar la fecha. Pero se dice que es, posiblemente, el 15 de julio de 2015. Supuestamente, Bogaert le entregó su licencia de conducir a personas no reconocidas hasta el momento, quienes se encargaron de adulterarla.

 

Otro robo: el 28 de septiembre de 2015 a las diez y veinte de la noche. Autores ignorados se llevaron un Volkswagen Suran blanco. La víctima estaba estacionada en el barrio Liceo, en Córdoba, y las personas lo abordaron violentamente. Después, la metodología es la misma.

 

Uno más: el 24 de marzo de 2016, a eso de las ocho y media de la mañana. Autores ignorados robaron un Volkswagen Voyage gris cuarzo. El damnificado fue sorprendido cuando sacaba el auto del garaje, en el barrio Lomas de San Martín, en Córdoba. Luego, ya se sabe.

 

El cuarto: el 6 de junio de 2016, a las nueve y media de la noche. Nuevamente con un arma, cuando el damnificado entraba a su casa, en el barrio residencial Santa Ana, en Córdoba. Le sustrajeron una Volkswagen Amarok TDI. Posteriormente, como se dijo, habrían actuado los imputados.

 

El quinto: el 9 de junio de 2016, poco antes de las diez y media de la noche. Autores ignorados robaron un Ford Focus CLX gris plata. El propietario lo había dejado estacionado frente a su vivienda, en el barrio Ducasse, también de la capital cordobesa.

 

El sexto: el 6 de julio de 2016, aproximadamente a las diez y media de la mañana. Un hombre bajaba de su Peugeot 208 gris en cercanías del Parque Sarmiento cuando se desató el hecho. Luego, lo planificado.

 

Así, un Chevrolet Cruze, un Volkwsagen Suran, un Volkswagen Voyage, una Amarok TDI, un Ford Focus CLX y un Peugeot 208.

 

El requerimiento también añade que probablemente en marzo de 2016, en Oncativo, Arce, también conocido como “La Monja” vendió una Amarok, ocultando su procedencia dolosa.

 

El damnificado en la compra pagó 40 mil pesos. Posteriormente, entre junio y julio del mismo año, Arce vendió una Toyota negra por 50 mil pesos. La víctima es un hombre al que, tiempo después, funcionarios policiales le secuestraron el vehículo.

 

Los hechos son esos. Eso supuestamente pasó. El juicio es con jurados populares. Ellos escucharon, porque ellos decidirán. Ellos dirán si los hombres y mujeres sentados en el banquillo son culpables o inocentes.

Las imputaciones

Todos son supuestos autores de asociación ilícita. En el caso de Bogaert está agravada por la condición de jefa de la organización. Además, se le endilgan los delitos de encubrimiento, sustitución de objeto registrable, falsificación de documentos y estelionato.

Arce, Bracamonte, Flores, Silva, Soria, Cánova y García son los presuntos responsables de encubrimiento (todos agravado excepto Arce y Flores) y sustitución de objeto registrable.

 

A Arce, a la vez, se le atribuye estelionato. Por su lado, Cánova y García también son acusados de allanamiento ilegal, abuso de autoridad y hurto simple (agravado por ser miembros de la fuerza de seguridad).

Presencia de la fiscal de Instrucción de Oliva

Con posterioridad a la lectura de la pieza acusatoria, se llevó adelante la presentación del caso. Primero fue el turno del Ministerio Público Fiscal que estuvo representado por Francisco Javier Márquez, Mónica Biandrate (fiscal de Oliva) y Nadia Padilla (colaboradora de Biandrate).

El funcionario fue quien habló por todos. Se dirigió a los jurados populares y les dijo que ellos asumen el rol del Estado. Les dijo que son la autoridad pública, que deberán impartir justicia y que lo deberán hacer con honestidad. Aclaró que los imputados están sospechados de vender autos robados, no de sustraerlos. Seguidamente, pidió que se investigue otro supuesto hecho. Sostuvo que Bogaert, en determinado momento, habló con un policía —estaban intervenidas las comunicaciones de la mujer— y le dijo “esto es para ustedes” y que “en Villa María había más de 30 autos vendidos”.

La defensa también tuvo la oportunidad de presentar el caso. El primero en hacerlo fue Alejandro Rafael Dragotto (Bogaert y Silva), quien coincidió con Márquez y realizó unas breves consideraciones. Le siguió Rocío Tosolini (que asiste junto a Florencia Vottero a Arce). La letrada expuso una serie de fundamentos y resaltó, principalmente, que la condena se tiene que basar en la prueba. En este sentido, dijo que la prueba es la que permite arribar a la verdad real. En tercer lugar, Cristina Petrelli (Bracamonte) les contó a los jurados populares que su defendido hace un año y ocho meses que está detenido, adelantó que reconocería los cargos, también insistió en la importancia de la prueba y apeló a la sensibilidad de sus interlocutores. Después tuvo la palabra Héctor Hugo Luna (Flores). El profesional, como los demás, expuso su parecer.

Carlos Hairabedián (Cánova) prosiguió. A diferencia de sus colegas, se paró frente a los integrantes del jurado. Resaltó que ellos decidirán sobre el destino de las personas sentadas en el banquillo y resaltó que es una tarea sumamente importante. Por otro lado, sobre su defendido, dijo que es cabo de la Policía, que terminó sus estudios secundarios y que no tiene un rol de importancia en la institución (en términos de decisiones). También hizo referencia a lo que se conoce como asociación ilícita, hizo muchísimo hincapié en la necesidad de pruebas para culpar. “Pueden sospechar, pensar, pero no basta”, expresó. Y concluyó su presentación diciendo que luchan para que los inocentes no sean injustamente condenados.

Los penúltimos fueron Iván Rivarola y Mario Bongianino (García). Bongianino tomó la palabra y dijo: “Soy escéptico por el sistema”. Además, a sus oyentes, les resaltó que garantizan la ecuanimidad de un proceso “oral, público, contradictorio y continuo”.

Finalmente, Manuel Toledo (Soria), citó a sus colegas Hairabedián y Bongianino, e insistió: “La prueba es lo más importante”.

Uno por Uno

De esta manera, el Tribunal presidido por Félix Martínez, y acompañado por las magistradas Eve Flores y Edith Lezama de Pereyra, le tomaron los datos personales a los acusados.

Soria fue el primero. Contó que es soltero, que vive en concubinato, que tiene 3 hijos y que tiene una condena de 5 años y 4 meses como antecedente. Después indicó que cursó hasta primer año del secundario y que trabaja como albañil. Al momento de declarar, confesó la acusación y se abstuvo de contestar preguntas.

Silva comentó que está casado con Bogaert, que tiene un hijo y que finalizó el secundario. Al igual que Soria, reconoció los cargos y pidió una oportunidad.

García fue la tercera. Dijo que es divorciada, que está radicada en Oliva, que es cabo de la Policía y que no cuenta con antecedentes. Por último, negó los hechos.

Continuó Arce. Señaló que nació en Oncativo, que tiene antecedentes (condena a 6 años) y que si bien es divorciado, actualmente vive en concubinato. Tiene 3 hijos y trabajó como secretario gremial de la UATRE (desde 2007). Al declarar, se hizo cargo de los hechos ocurridos desde 2016 y se abstuvo de responder interrogantes.

 

Luego llegó el turno de Bogaert. Manifestó que es villamariense, que tiene cuatro hijos y sostuvo que su pareja es Silva. Además, precisó que terminó el secundario y que realizó capacitaciones de couching ontológico y cursos de atención pre-hospitalaria (paramédica). Sin embargo, añadió que trabaja como tarotista. Finalmente se declaró partícipe pero aclaró que no es la jefa.

Por su parte, Bracamonte contó que es cordobés, que está casado pero separado desde hace varios años y que es padre de 6 hijos. Seguidamente, comentó que no terminó el secundario (cursó hasta primer año) y que es mecánico.

Cánova expresó que terminó el secundario, que es soltero y que no tiene hijos. Además confirmó que es cabo de la Policía y recordó que no tiene antecedentes. Al declarar, negó la acusación.

Flores fue el último en comparecer. Señaló que es cordobés, que vive en concubinato desde hace doce años y que le restaron rendir algunas materias para finalizar el secundario. Mencionó que trabaja vendiendo autos y puntualizó que padece una enfermedad (afección en la piel). Para terminar, reconoció los episodios y dijo estar arrepentido.

Una síntesis de las declaraciones muestra que, excepto los policías, todos se hicieron cargo. Hubo un cuarto intermedio. Al regreso, algunos cambios. Todos en la sala. García pidió ampliar su declaración. Y confesó.

Los testimonios

Luego vinieron los testimonios: los policías Edgar David Fonseca (a cargo de la investigación) y Víctor Alejandro Idoria (intervino en las escuchas telefónicas).

El primer funcionario desarrolló una síntesis de sus tareas. Sin embargo, no recordó detalles y, por lo tanto, se incorporaron por la lectura sus declaraciones.

De lo que dijo se puede mencionar que un informante le dio el dato de que en Oliva circulaban autos con la patente adulterada, y que habían sido robados en Córdoba. Posteriormente indicó que fue a un domicilio donde encontró dos vehículos con las características que le habían aportado. Cuando investigaron la patente, constataron que pertenecía a una persona de Buenos Aires y que el rodado no tenía pedido de secuestro. En ese entonces, se comunicó con el propietario, quien señaló que tenía su coche. Así advirtió que se trataba de patentes mellizas. Esas labores permitieron reconocer otros vehículos en la localidad de Oncativo. En otra dirección, aclaró que desgrabó conversaciones de los implicados. Al no poder rememorar las precisiones, se incorporaron las declaraciones que hizo en la etapa de instrucción.

Idoria, en tanto, resaltó que siguió los diálogos de Bogaert, Soria, Bracamonte y Flores. En consonancia con su testimonio, surge que Bogaert tenía una persona en la capital cordobesa que le hacía le adulteraba documentación (como la Tarjeta Verde). Además, refirió que algunos de los compradores eran policías. Seguidamente expuso que los policías tienen un carné D3 con el que no deben atravesar mayores controles, por ejemplo, en las rutas. Por último, sostuvo que en el tiempo de las escuchas cree que se vendieron entre 60 y 70 vehículos.

 

 

 

Santiago Daniel Montoya

periodista y redactor principal de El Diario de Oliva. Columnista de Política en FM Única 88.5. Conductor del programa televisivo Asunto Político de canal 3 de Oliva.

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