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Castillo: Con tarifas congeladas, alta morosidad y sin chance de corte, las cooperativas estamos en estado crítico

En un plenario convocado por la confederación argentina que encabeza el cordobés Luis Castillo, solicitaron una reunión con el nuevo secretario de Energía de la Nación. Aseguran que, tras el veto presidencial al plan de pagos para deudas con Cammesa, el sector no podrá afrontar pasivos crecientes. “Con tarifas congeladas, alta morosidad y sin chance de corte, las cooperativas estamos en estado crítico y con la posibilidad cierta de resentir el servicio”, dijo Castillo. En EPEC, hermetismo y preocupación por el contexto.

Regionales 03 de septiembre de 2020 Santiago Daniel Montoya Santiago Daniel Montoya
Luis Castillo
Luis Castillo, presidente de la CESOPOL y titular de la CONAICE advirtió sobre un panorama complejo.

Las cooperativas eléctricas nucleadas en la Confederación Argentina Interfederativa de Cooperativas de Electricidad y otros Servicios Públicos (Conaice) alertaron sobre un inminente quiebre en la cadena de pagos que pone en riesgo la normal prestación del servicio, que en el caso de Córdoba alcanza a unos 350 mil usuarios.
En ese marco, solicitaron una reunión con el nuevo secretario de Energía (asumió ayer) Dario Martínez, para plantearle la “crítica” situación por la que atraviesa el sector y sus posibles consecuencias.
En forma paralelo, en el caso de Córdoba, pedirán una reunión con el ministro de Servicios Públicos, Fabián López, también con el mismo fin.


La reunión plenaria que se concretó el martes a la noche fue encabezada por el titular de Conaice), el cordobés Luis Castillo, quien a su vez es presidente la Federación de Cooperativas Eléctricas y de 
Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba (Fecescor).


“El panorama es crítico y necesitamos respuestas urgentes del nuevo secretario de Energía”, reveló a Comercio y Justicia el dirigente cooperativista.


Si bien el panorama ya era complejo, el planteo del sector se aceleró luego de que esta semana se conoció que el presidente Alberto Fernández vetó dos artículos de la ley de ampliación presupuestaria avalada por el Congreso.


Se trata de los artículos 18 y 19. El primero les reconocía a las distribuidoras eléctricas créditos equivalentes a tres veces la factura media mensual del último año que debían pagar en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).
A su vez, en el artículo 19 se aclaraba que esos créditos serían aplicados sólo a las distribuidoras que al 20 de octubre de este año no posean deuda en el MEM o hayan adherido a un plan de refinanciación con la Compañía Administradora el Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa).


Ese plan de pagos no debía exceder las 60 cuotas mensuales. Además, las distribuidoras tendrían 12 meses de gracia.


En definitiva, el objetivo del Ministerio de Desarrollo Productivo era aliviar las deudas de las distribuidoras con Cammesa que, sólo entre marzo y julio, acumuló más de 95 mil millones de pesos. Esa situación en el marco de la caída de los ingresos de las distribuidoras, golpeados por la alta morosidad de los clientes y el congelamiento de tarifas, que en definitiva debían mantener al menos hasta fin de año.


Sin embargo, esos dos artículos fueron vetados por el Presidente. De hecho, la Secretaría de Energía ahora pasó de la órbita de Matías Kulfas a la del ministro de Economía, Martín Guzmán.
Las diferencias internas sobre las políticas a adoptar sobre ese punto quedaron claramente expuestas con el veto presidencial.


En el fondo, más allá de los argumentos utilizados en el decreto que invalidó los dos artículos, fuentes del mercado aseguraron a Comercio y Justicia que la decisión se tomó porque favorecía, entre otras, a las dos grandes distribuidoras del Gran Buenos Aires, Edenor y Edesur, esta última en la mira del Gobierno por sus supuestos incumplimientos y deficiencias en la prestación del servicio.
 
Caído ese plan, crece la incertidumbre entre las distribuidoras sobre cómo seguirá la situación.
Sucede que las deudas de esas compañías, entre ellas EPEC y las propias cooperativas, se siguen acumulando por la imposibilidad de recaudar los fondos suficientes producto de la creciente morosidad en el pago de la factura por parte de los clientes.


“El veto presidencial a los dos artículos nos pone en un estado de incertidumbre en el marco de un panorama crítico”, resumió Castillo. Ahora quieren conocer de primera mano cuál será la política para el sector eléctrico del nuevo secretario. Y también plantearle la situación por la que atraviesan las cooperativas.
“Para tener una idea de cómo estamos, la caída del nivel de cobrabilidad desde que comenzó la cuarentena ya equivale al 80 por ciento de una facturación mensual de un mes normal”, graficó Castillo. A ese ritmo, muchas cooperativas ya no podrán pagar la energía que adquieren, ya sea en el MEM o la mayoría a EPEC. De hecho, ya hay un atraso en el pago, aún manejable.


La caída en los ingresos de las entidades obedece a una morosidad de entre 35 y 40 por ciento de la facturación, la imposibilidad de corte en el servicio y tarifas congeladas. “Todo en un contexto de costos crecientes, en muchos casos atados al dólar y ahora con la presión del gremio para reactivar la paritaria”, completó Castillo.


Por lo demás, el dirigente dijo que hay muchos puntos que siguen sin ser aclarados. “Por ejemplo, el Gobierno nacional nunca nos hizo una devolución respecto a qué usuarios quedaban alcanzados por la prohibición de corte de servicio, pese a que enviamos el listado tal como nos lo habían pedido”, recordó.


Tampoco tienen en claro en qué momento correspondería el corte de servicio. Es que el decreto 311 del Gobierno nacional. al cual la Provincia de Córdoba se adhirió, impedía el corte de servicio a determinados usuarios con deudas de hasta tres facturas mensuales alternas o consecutivas desde marzo en adelante. Pero luego, el propio Gobierno nacional, por medio de otro decreto, extendió ese beneficio a deudas por hasta seis facturas, decisión a la que Córdoba no adhirió.


Así, hoy tanto EPEC como las cooperativas ya estarían en condiciones de comenzar a aplicar cortes por falta de pago. Sin embargo, EPEC ya indicó que la decisión política es no hacerlo, 


Asimismo, Castillo advirtió sobre la falta de definición del Gobierno nacional sobre el plan de pagos de 30 cuotas que debían ofrecer a los clientes en mora. “Nunca definieron la tasa de interés, no está operativo”, dijo.
En el caso de EPEC, ya activó un plan de 30 cuotas con un interés de entre 24 y 30 por ciento anual, según el caso, y que alcanza a todos los clientes.

Por lo demás, Castillo adelantó que también pedirán una reunión con el ministro de Servicios Públicos de la Provincia, Fabián López.

Como para sumar otros frentes de preocupación, el dirigente cooperativo recordó que muchas entidades ubicadas en sectores turísticos dependerán del movimiento que se genere, hoy vedado por la cuarentena. 
Al mismo tiempo, dijo que los últimos incendios han ocasionado la destrucción de tendidos eléctricos, postes y cables que ahora deberán ser repuestos.


Finalmente, Castillo recordó que la decisión del Gobierno nacional de extender el congelamiento de tarifas en servicios de telefonía móvil y fija, internet y TV paga, ahora hasta fin de año, también complica a las cooperativas.
“No es lo mismo una multinacional o una empresa con espaldas del sector privado que el sector cooperativo que trabaja al costo y no puede aguantar un congelamiento de tarifas sin que a la larga se resienta el servicio”, resumió.

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