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La increíble historia de una estafa en Oliva con un auto “mellizo” con final favorable tras 11 años

La idea de un cambio de vehículo por parte de un odontólogo de la ciudad en 2009 terminó siendo una pesadilla que derivó en una causa penal que se resolvió recientemente.

Judiciales 10 de abril de 2021 Santiago Daniel Montoya Santiago Daniel Montoya
Clio

La idea de un cambio de vehículo por parte de un odontólogo de la ciudad en 2009 terminó siendo una pesadilla que derivó en una causa penal que se resolvió recientemente.

El juez federal de Villa María, Roque Rebak, falló recientemente a favor del hombre y condenó a los Estados nacional y provincial y a una aseguradora a indemnizarlo por los daños y perjucios que envolvieron la historia, señala la publicación de La Voz del Interior recientemente publicada sobre el llamativo caso.

El 3 de mayo de 2009, un aviso publicado en La Voz captó la atención del dentista que planeaba comprar un vehículo: un Renault Clio II, modelo 2008, de cinco puertas y motor 1,6 Pack Plus a $40.500 pesos.

Su pretensión era pasar del Clio Authentic 1.2, que tenía, a uno de mejor calidad y modelo más nuevo. Acordó una permuta con el dueño del Clio II, “Martín “Nacho” Alfredo Galanti”, y por la diferencia del valor entre ambos, el odontólogo convino abonar $9.500 pesos extra.

Una semana después, el 11 de mayo, el dentista concurrió con un gestor al Registro Nacional del Automotor de la ciudad de Oliva para cerrar las tratativas con “Galanti”, un presunto médico. Una empleada de recepción controló la documentación de los dos vehículos (tarjeta verde, título del automotor, formulario 08, etc.).

La única excepción fue el formulario de verificación policial del Clio. El dentista entregó a “Galanti” el 08 del Authentic en blanco porque, según contó, éste le manifestó que no había decidido si lo iba a inscribir a su nombre o al de su hijastro. Consensuaron reunirse dos días después en el Registro para cumplimentar ese requisito.

El odontólogo abonó a “Galanti” los 9.500 pesos de diferencia. Regresaron al Registro y realizaron la inscripción del Clio. Luego, intercambiaron los vehículos y la documentación.

Dos días después, desde el Registro advirtieron al dentista que la inscripción del Clio a su nombre no podía efectivizarse si no se presentaba la constancia de la verificación policial, por lo que su esposa realizó el trámite el 18 de mayo. 

El Registro inscribió el vehículo y le entró el título y la tarjeta verde a su nombre. Pero “Galanti” no se presentó con el 08 en blanco del Authentic para finalizar la transferencia ni atendió los llamados. Para evitar riesgos, el dentista hizo la denuncia de venta el 19 de mayo para eximirse de cualquier responsabilidad civil ante un eventual siniestro.

Sin embargo, la situación se complejizó. El Registro notificó al verdadero Galanti la denuncia de venta mediante una carta documento en su domicilio. Inmediatamente, la abogada-hermana de Galanti manifestó al Registro que el hombre no había realizado ninguna compra del Authentic y que tampoco había vendido el Clio II. Precisó que el suyo era de otro color, que lo había comprado cero kilómetro, que lo estaba pagando y que lo tenía en su poder. 

El odontólogo presentó entonces una denuncia penal por estafa al comprar un Clio con la misma patente que el que tenía en su poder Galanti, es decir, un auto “mellizo”, vehículo robado con documentación de número de motor y chasis adulterados. En el mismo escrito denunció también el desapoderamiento engañoso de su Authentic, pidió su urgente secuestro y el bloqueo registral. 

El 4 de junio, el titular del Registro Nacional de la Propiedad Automotor de Oliva, Rafael Marchisio, notificó al dentista que la transferencia del Clio II “mellizo” había sido realizada con documentación falsa, por lo que había sido anulado el registro.

La transferencia “se cayó”, y lo emplazó a que en 48 horas devolviera la cédula de dominio y la documentación otorgada. El odontólogo rechazó la intimación y advirtió a la fiscalía que el presunto estafador (dio el nombre) residía en calle Rondeau, de la ciudad de Córdoba. 

El hombre cuestionó que ni el Registro ni la Justicia impidieron que se realizara la transferencia, y demandó civilmente por daños y perjuicios al Gobierno de Córdoba, a la Dirección de Registros Automotor (Estado nacional) y al Registro de Oliva. Reclamó que fueran condenados en forma solidaria a pagarle como resarcimiento 63 mil pesos, más intereses y costas.

Al fallar, el juez Rebak ponderó que el Registro realizó la inscripción con la salvedad que no fue acompañado de la verificación del Clio. La Policía certificó que el vehículo tenía correcto los números de chasis y motor y estampó la leyenda “Sin novedad”. El Registro finalmente inscribió el Clio. 

El juez subrayó que la verificación se debe realizar antes de la inscripción, como estipula la normativa, y remarcó su importancia “atento a que, si como consecuencia del acto de verificación surge que la identificación de chasis o motor han sido adulteradas, el encargado del Registro deberá denegar la inscripción y comunicar la situación a la autoridad policial”.

Señaló que en este caso ocurrió lo contrario, ya que el Registro inscribió el Clio y, luego, “recién cuando surgió todo el conflicto quiso volver sobre sus pasos”, notificando al dentista que la transferencia se había anulado porque se había confeccionado con documentación apócrifa. 

El magistrado cuestionó al titular del Registro, Marchisio, por cumplimiento “irregular de sus obligaciones” como funcionario, porque debió observar que le faltaba la verificación.

“Si el organismo competente (por el Registro) para realizar las inscripciones y transferencias de los automóviles hubiere requerido de manera previa la documentación (...), se hubiera descubierto la maniobra fraudulenta” contra el odontólogo.

Para el magistrado, el dentista “sufrió un menoscabo” económico y moral por el desapoderamiento del Authentic, y por la anulación del registro del Clio. 

Condenó al Gobierno provincial, el Estado nacional, al Registro de Oliva, y a la Federación Patronal Seguros SA a indemnizarlo de forma solidaria con 63 mil pesos por daños y perjuicios por las frustradas operaciones comerciales por la irregular prestación de los servicios públicos. Y les impuso el pago de los intereses y los peritos (39 mil pesos).

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