Editorial: ¿Qué trata el Proyecto de Alquileres, y cuáles son las modificaciones impulsadas por el Gobierno Nacional?

Nacionales 15 de noviembre de 2018 Por
En Argentina, alrededor de 7 millones de personas alquilan vivienda. En Oliva, son muchos quienes se encuentran en dicha situación, la cual se torna problemática, teniendo en cuenta el salario de los mismos, y la falta de trabajo.
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Este mes se trata en el recinto de Diputados, el Proyecto de Ley de Alquileres que implica una reforma en el Código Civil y Comercial de la Nación. Si se aprueba, se calcula que el día 28 podrá debatirse en el Senado.

El 90% del proyecto es el que presentaron diversas organizaciones que trabajan en la temática, como Inquilinos Córdoba o Inquilinos Agrupados, que vienen impulsando su propuesta desde hace más de dos años para un mayor equilibrio entre inquilinos y propietarios.  Desde tantos meses en el que el proyecto se encontraba encajonado en el Congreso, el Gobierno Nacional tomó las cartas en el asunto, e impulsó ciertas modificaciones en el mismo.

Se proponen dos modificaciones muy  importantes. En primer lugar, una extensión del tiempo de los contratos. Hoy en día se realizan contratos  de alquiler con una duración de dos años, y se propone ampliarlo a tres. Y en segundo lugar, la regulación de aumentos.

La regulación de aumentos permite aclarar los mismos que se vienen realizando hace años más allá de que no esté permitido. Se propone que estos aumentos sean de acuerdo a los niveles de inflación y las paritarias salariales. Se haría un promedio de ambos datos con la colaboración del INDEC. Desde las organizaciones que trabajan hace más de dos años por este proyecto, plantean que estos aumentos deben darse de manera anual por el simple hecho de que  los trabajadores reciben un aumento de dicha manera. Pero desde las modificaciones que propone el Presidente Mauricio Macri, se recomienda que los aumentos sean semestrales. Con esta ley, sería la primera vez en la historia que se regularía dicha problemática, la cual, actualmente, no existe ningún tipo de control.

Desde el Gobierno, impulsan dos puntos claves. Uno de ellos es el registro de contrato de alquileres en el AFIP.  Cualquiera de las dos partes, ya sea propietario o inquilino, pueden registrar el contrato en tal entidad, para combatir la evasión impositiva. Algo que llamó la atención a muchas inmobiliarias, que esta cuestión provenga del Gobierno Nacional, ya que necesariamente, el rubro inmobiliario se ve “afectado” si así se puede decir, al tener que blanquear el alquiler. No solo por la evasión, sino también por el abuso de determinadas clausulas, que también podrán ser controladas tras este registro. Un ejemplo de estas clausulas abusivas se dejan entrever muy seguido en Córdoba Capital con el pago de expensas extraordinarias, y en Oliva, con el pago total de los impuestos de renta.  

El segundo punto importante, es acerca de la comisión de la inmobiliaria, la cual se pretende que el propietario se haga cargo. Ejemplo claro es en Buenos Aires, que desde el año pasado se regularizó esta cuestión, y hoy si se llegara a aprobar este proyecto de ley, todas las provincias que no tienen ese marco regulatorio, podrían adherirse para solucionar este gran problema de muchos inquilinos, más allá de su código arancelario para los corredores inmobiliarios.

Solo queda esperar el resultado de la votación de cada uno de nuestros legisladores, para frenar los abusos de las inmobiliarias, y solucionar un gran problema para una gran mayoría de ciudadanos, y lograr un equilibrio y una mayor justicia. Los únicos que son beneficiados con la legislación actual o mejor dicho, con la falta de regulación, es un puñado concentrado de empresarios de la vivienda y la construcción, que hace rato ejercen el lobby para frenar cualquier tipo de avance que permita una mayor y mejor accesibilidad. Así, se busca dar a entender que no es un proyecto de inquilinos, ni tampoco es un proyecto en contra de los propietarios. Es un proyecto de alquileres, donde ambas partes saldrían beneficiadas, al hacerle frente a la especulación.

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