Una olivense envuelta en una polémica por la vacante en el Juzgado de Paz de Colazo

Regionales 24 de septiembre de 2018 Por
Raquel Moreno, una abogada nacida en Oliva mostró su indignación por la manera en que se eligió a la autoridad judicial de la localidad de Colazo. Pese a estar primera en orden de mérito, nombraron a otra persona que no vive en el pueblo.
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Raquel Moreno define como “obscena” y “grosera” la forma en que eligieron al juez de Paz de Colazo.

“Cuando se abrieron los concursos para el cargo de juez de Paz me presento como postulante para la vacante”, empezó diciendo la abogada que denunció la “dedocracia” a través de las redes sociales primero y luego, a los medios que, como El Diario del Centro del País: el Diario de Villa María , la consultaron.

Una vez que se hizo la evaluación de los antecedentes, le notificaron desde la Junta de Calificación que había quedado primera en orden de mérito.

“Yo no lo corroboré, pero en esa oportunidad, vencido el plazo para presentarse, me dijeron que era la única postulante”, relató.

Sin embargo, cuando llegó al momento de la segunda evaluación, que es una entrevista personal, fue hasta la capital provincial y allí se encontró con que había otra persona como postulante.

Se trata de Romeo Toledo, un hombre oriundo de Colazo, pero que hace años está radicado en Córdoba y que ha tenido como actividad principal empleos en el sector financiero y en un estudio contable.

“Antes de ingresar a la entrevista, hablamos. Me dijo que no había estudiado nada porque en esos días se había mudado de un departamento a otro, siempre dentro de Córdoba capital. Me dijo también que tenía material de 2008 y, por lo tanto, no estaba actualizado y que había estudiado el Código de Convivencia. Luego, me entero que lo designaron a él”, relató.

“Me llamó poderosamente la atención. Yo ya sabía que la ley para designar jueces de Paz es una fachada, porque sigue permitiendo la elección a dedo, o la “dedocracia”. Pero en este caso hay elementos objetivos que no se cumplen y por eso no quiero callarme”, planteó.

Uno de esos elementos es que en la normativa se establece que preferentemente debe ser abogado el aspirante. “No es excluyente, pero en este caso, soy abogada y entiendo que eso debía inclinar la balanza a mi favor”.

El segundo punto es que debe estar residiendo en el pueblo. “Es clara la ley en eso: no piden tener el domicilio en el pueblo, sino una residencia comprobable en la localidad. Yo nací en Oliva y hace una década, con interrupciones, que estoy en Colazo. Cumplo con el requisito de vivir desde hace tres años, en mi caso más, en el pueblo. El otro postulante vive en la capital de la Provincia”, planteó.

Cuando le preguntamos qué explicación encuentra para que el elegido sea quien no cumplió requisitos, no duda en señalar en que hubo participación de dirigentes de sectores políticos partidarios. “Ni sé qué partido pudo haber influido, pero es claro que hubo algún aval político para que se diera así”, planteó. Ella colaboró con la Unión Vecinal que gobierna el pueblo, siendo ésta su única actividad partidaria.

 

“Por otra parte, toman mucho en cuenta la relación que tenés con las instituciones del pueblo, cómo te llevás con la Policía. En mi caso, como abogada, tengo una relación permanente con la Policía. Y en lo que hace a instituciones, soy abogada en la Municipalidad, mi hija va a la escuela de Colazo y colaboro con el club”, planteó.

Ahora, está analizando una presentación para recurrir la decisión de la Junta. “Estoy estudiando los argumentos, pero hay elementos objetivos, como la residencia en el pueblo que yo cumplo y el otro postulante no”, agregó.

Cabe señalar que el juez de Paz es un apéndice del Poder Judicial y se localiza en los lugares donde no hay Tribunales.

Con el nuevo Código de Convivencia puede sentenciar a cumplir trabajos comunitarios o aplicar multas a infractores. También son los que ejecutan los allanamientos o clausuras ordenados por la Justicia y tienen una participación directa y urgente en casos de violencia de género.

Son elegidos, desde que se aprobó la Ley Nº 9.449 por una Junta de Calificación integrada por un representante del Poder Ejecutivo, un representante del Ministerio Público designado por el fiscal general de la Provincia; un representante del Poder Judicial de la Provincia, designado por el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia y tres representantes del Poder Legislativo, a razón de dos por la mayoría y uno por la minoría.

La decisión de esa Junta será recurrida en el caso de la designación del juez de Paz de Colazo. Habrá que ver cómo sigue.

Santiago Daniel Montoya

periodista y redactor principal de El Diario de Oliva. Columnista de Política en FM Única 88.5. Conductor del programa televisivo Asunto Político de canal 3 de Oliva.

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