Emergencia en Discapacidad: el Gobierno promulgó la ley pero pidió asignar fondos para ejecutarla. El Poder Ejecutivo ha promulgado la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, pero su implementación ha sido suspendida de inmediato. A través del Decreto 681/2025, el Gobierno comunicó que la ley no será aplicable hasta que el Congreso incluya los créditos presupuestarios y las fuentes de financiamiento necesarias para cubrir sus erogaciones.
Esta decisión se fundamenta en el artículo 5 de la Ley 24.629, que establece que toda ley con gasto queda en suspenso hasta la inclusión de sus partidas presupuestarias. Asimismo, se invoca el artículo 38 de la Ley 24.156, que obliga a las normativas a precisar su financiamiento. El Poder Ejecutivo subrayó que el Presupuesto 2026 ya fue remitido al Parlamento el 15 de septiembre, siendo este el ámbito idóneo para definir los recursos y partidas que permitan la ejecución de la ley.
SigueLeyendo
La norma había sido objeto de un veto presidencial en agosto (Decreto 534/25). Sin embargo, el Congreso Nacional insistió en su aprobación con una mayoría de dos tercios en ambas cámaras. El 20 de agosto, la Cámara de Diputados ratificó la ley, seguida por el Senado el 4 de septiembre.
Emergencia en Discapacidad: Detalles de una Ley Sin Financiamiento
Aunque formalmente promulgada, la ley, en su estado actual, no es ejecutable. Entre sus principales disposiciones, se encuentra la declaración de emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga. Además, crea una nueva Pensión No Contributiva (PNC) por Discapacidad para Protección Social, equivalente al 70% del haber mínimo, con actualización previsional. Esta pensión sería compatible con el empleo hasta dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) y permitiría la rehabilitación inmediata si se supera el tope.
La normativa también busca fortalecer la cobertura de salud a través del Programa Incluir Salud. Declara de interés público los servicios de los prestadores de la Ley 24.901 y fija una compensación de emergencia para cubrir la brecha arancelaria respecto al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año 2024. También amplía a tres años la exención del 50% de las contribuciones patronales para empleadores que contraten a trabajadores con discapacidad.
Las Cifras del Gasto Proyectado
El propio Poder Ejecutivo ha desglosado las cifras que impiden la aplicación inmediata de la ley. Se estima que la PNC por Discapacidad demandaría
$2.1 billones en 2025 (0.26% del PBI) y $4.7 billones en 2026 (0.47% del PBI). El Programa Incluir Salud requeriría cerca de $574.2 mil millones en 2025 (0.07% del PBI) y $1.2 billones en 2026 (0.12% del PBI). Por su parte, la compensación a prestadores costaría $278.3 mil millones (0.03% del PBI).
En total, la necesidad de crédito para ejecutar la ley en 2025 ascendería a $3.019 billones (0.35% del PBI), una cifra superior al crédito disponible sin afectar la categoría de “Servicios Sociales”, que es de $2.3 billones.
En consecuencia, quedan frenadas varias acciones clave hasta que se incluyan las partidas presupuestarias necesarias. Entre ellas, las altas y conversiones de la nueva PNC, la compensación a prestadores y las incorporaciones al Programa Incluir Salud. La implementación de la ley queda ahora en manos del poder legislativo, que deberá encontrar la forma de financiar los compromisos asumidos para que la emergencia en discapacidad se traduzca en una realidad efectiva.
Discussion about this post