Paro por 48 horas de los judiciales en Oliva y la provincia. En una escalada de tensión, los trabajadores judiciales de la provincia de Córdoba intensifican sus medidas de fuerza con un paro de 48 horas. Los reclamos salariales, las acusaciones de prácticas antisindicales y el creciente descontento de un sector clave del sistema judicial.
Cristina Buzzone, delegada adjunta del AGEPJ en Oliva, dio cuenta del estado de conflicto y lucha que sostienen en la sede judicial de Oliva y en diversos puntos de la geografía provincial.
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Paro por 48 horas de los judiciales en Oliva y la provincia: Los motivos del conflicto
-¿Cuáles son los motivos principales que impulsan este paro de 48 horas y las otras medidas de fuerza?
-«Los trabajadores judiciales de la provincia nos vemos obligados a continuar con las medidas de acción directa ante la falta de respuestas a nuestros justos reclamos. Este paro de 48 horas, como el del lunes 12 y martes 13, es ‘sin asistencia ni marcación’. Lo que subraya la seriedad de nuestra protesta. Reclamamos, fundamentalmente, mejoras salariales urgentes. Nuestra demanda central es la equiparación de los salarios provinciales con los de la justicia federal. Una promesa incumplida desde hace años. Además, buscamos lograr mejoras salariales a través de bonificaciones y la reducción de descuentos por aportes y seguro de salud.»
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Respuesta al TSJ
-¿Qué postura tiene el gremio respecto a las recientes acciones del Tribunal Superior de Justicia (TSJ)?
-«Rechazamos enérgicamente las acordadas arcaicas que el TSJ ha reflotado con el claro objetivo de impedir nuestro derecho a ser escuchados. Estas acordadas, que buscan prohibir las asambleas dentro de los recintos de tribunales. Ya fueron observadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1997. Esto no es más que un intento de amedrentarnos, de ‘bajar el tono’ de nuestro reclamo. Que no es otro que recuperar el 40% de poder adquisitivo perdido por la inflación acumulada desde 2024 hasta la fecha.»
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Paro por 48 horas de los judiciales en Oliva y la provincia: Las próximas acciones de reclamo
-¿Cómo se está organizando el plan de lucha y cuáles son las próximas acciones?
-«La asamblea general extraordinaria, que es nuestro máximo órgano de decisión y que reúne a delegados de los edificios judiciales de la capital y de las 23 sedes judiciales del interior, ha decidido profundizar el plan de lucha. Además del paro de 48 horas de este lunes y martes, realizaremos un paro el viernes 16 a partir de las 10 hs. Que incluirá una movilización masiva en Córdoba, frente a Tribunales I. Contaremos con el apoyo de la Federación Judicial Argentina y su secretario general, Matías Fachal, así como de otros gremios estatales que se han solidarizado con nuestra causa. Para la semana próxima, tenemos previsto un paro de 72 horas, desde el miércoles 21 hasta el viernes 23 de mayo. Con una asamblea general extraordinaria ese mismo viernes para evaluar la situación y definir los pasos a seguir. Siempre con la esperanza de que se abra un espacio de negociación.»
El impacto de las medidas y la brecha salarial
-¿Cómo evalúan el impacto de las medidas de fuerza en el servicio de justicia y qué opinan sobre la situación salarial de los empleados?
-«Lamentamos profundamente los atrasos que estas medidas de fuerza puedan ocasionar en el servicio de justicia. Sin embargo, es fundamental entender que nuestra lucha busca corregir una desigualdad profunda y persistente. La brecha salarial entre funcionarios y magistrados (jueces, fiscales, secretarios y prosecretarios) y los empleados es abismal. El TSJ prometió hace años equiparar esta situación, pero hasta ahora no ha mostrado la voluntad política de hacerlo. Es importante destacar que nuestra planta laboral es altamente calificada, con una gran proporción de empleados con títulos universitarios o terciarios, posgrados y másters en áreas judiciales. Sin embargo, esta formación no se ve reflejada en nuestros salarios, que están muy por debajo de los de la justicia federal. Hoy en día, el salario de un auxiliar no supera los 800.000 pesos, una cifra que nos coloca por debajo de la canasta básica. Esta realidad es insostenible» concluyó.
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