Gobierno Anuncia Aumento de hasta 35% en Prestaciones por Discapacidad tras Reclamos y Revés Judicial. En un contexto marcado por fuertes reclamos sectoriales y una reciente orden judicial en contra, el Gobierno nacional, a través de la Jefatura de Gabinete, anunció una actualización escalonada de entre el 29% y el 35% en los montos del nomenclador que regula el pago a prestadores de servicios para personas con discapacidad.
La medida fue oficializada tras la victoria electoral del oficialismo y busca responder a las denuncias de familiares y organizaciones sobre una caída en los fondos y la precarización de la atención. La decisión se aplicará de forma progresiva entre octubre y diciembre de 2025, con el objetivo declarado de acompañar el aumento de los costos operativos del sector y dotar de mayor previsibilidad al sistema.
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Gobierno Anuncia Aumento de hasta 35% en Prestaciones por Discapacidad: Respuesta al Sector y Previsibilidad
Según la información difundida por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el incremento impactará en diversas modalidades y tipos de prestaciones contempladas en el nomenclador nacional, una referencia crucial para instituciones públicas y privadas que brindan servicios esenciales.
Desde el organismo, se señaló que la actualización es imperiosa para sostener la calidad de los servicios y garantizar la continuidad de la atención en áreas críticas como internaciones, transporte especializado, acompañamiento educativo y laboral, y programas de rehabilitación.
Fuentes de la ANDIS remarcaron que el ajuste permitiría mantener los valores de las prestaciones «por encima de la inflación estimada para 2026», buscando aportar estabilidad a las complejas relaciones financieras entre prestadores, obras sociales y el propio Estado. El nomenclador es una herramienta central, ya que define los valores reconocidos por programas financiadores clave, como el Programa Federal Incluir Salud.
Contexto de Tensión y Revés Judicial
Este anuncio no ocurre en un vacío político, sino que se enmarca en una semana de alta tensión para el área de Discapacidad.
El reajuste de los aranceles sucede inmediatamente después de que el Ministerio de Salud se viera obligado a acatar una orden judicial. La semana pasada, el juez federal de Catamarca, Guillermo Díaz Martínez. Obligó al Gobierno a restablecer las 119.033 pensiones no contributivas por discapacidad laboral que habían sido suspendidas. Un hecho que generó una ola de críticas y movilizaciones a nivel nacional.
Si bien el Gobierno presenta el aumento como un esfuerzo por la previsibilidad y la calidad. Analistas del sector señalan que esta acción también opera como un intento de desactivar el conflicto con un sector social altamente sensible. Cuya problemática se ha visibilizado de manera contundente tanto en la calle como en los tribunales. Especialmente tras las controversiales suspensiones de las pensiones no contributivas. La implementación de la medida será crucial para determinar si logra calmar las aguas y restaurar la confianza en la financiación del sistema de discapacidad.
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