Los cambios en la Revisión Técnica Obligatoria. A través del Decreto 139/2026, el Ejecutivo desestimó los planteos de CATRAI. La medida confirma que los autos 0 km harán su primera inspección a los 5 años y habilita a concesionarias para realizar el trámite.
El Gobierno Nacional dio un paso decisivo en la desregulación del sector automotor al ratificar, mediante el Decreto 139/2026 publicado este lunes en el Boletín Oficial, la profunda reforma del sistema de Revisión Técnica Obligatoria (RTO), también conocida como VTV. Con esta decisión, el Ejecutivo rechazó formalmente el recurso interpuesto por la Cámara Argentina de Talleres de Revisión Técnica (CATRAI) y otras 30 empresas que buscaban frenar la normativa.
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La resolución oficial deja firme el esquema introducido originalmente por el Decreto 196/25, el cual busca reducir la carga burocrática y los costos para los usuarios, bajo la premisa de que el sistema anterior actuaba como una barrera de entrada injustificada a la competencia.
Los ejes de la nueva normativa: plazos y competencia
La reforma estructural del sistema de controles vehiculares se asienta sobre cuatro pilares que modifican drásticamente la frecuencia y el lugar de las inspecciones:
Extensión de plazos para 0 km: La primera revisión técnica obligatoria se exigirá recién a los 5 años del patentamiento, extendiendo el margen que anteriormente era de 3 años.
Frecuencia bianual: Los vehículos de hasta 10 años de antigüedad deberán realizar la inspección cada dos años, eliminando la obligatoriedad anual previa.
Apertura del mercado: Se termina la exclusividad de los centros de inspección tradicionales. Ahora, concesionarias, importadores y talleres mecánicos habilitados podrán realizar las revisiones.
Libertad tarifaria: Las autoridades jurisdiccionales ya no podrán fijar tarifas máximas o mínimas ni limitar el número de talleres por zona, fomentando la libre competencia de precios.
El conflicto con el sector: «Seguridad vial vs. Modernización»
La CATRAI fundamentó su reclamo advirtiendo sobre un presunto riesgo en la seguridad vial y un posible «conflicto de intereses» al permitir que las concesionarias inspeccionen los mismos vehículos que comercializan.
Sin embargo, el Ejecutivo desestimó estos argumentos bajo dos criterios técnicos:
Tecnología Automotriz: El Gobierno sostiene que los vehículos actuales poseen estándares de seguridad superiores, lo que convierte a las revisiones anuales en una «burocracia innecesaria».
Factor Humano: Citando estudios internacionales, la normativa señala que la gran mayoría de los siniestros viales son producto de errores humanos (distracciones, alcohol o velocidad) y no de fallas mecánicas.
«La objetividad del sistema se garantiza mediante la fiscalización de los procesos y no a través de restricciones al objeto social de los prestadores», reza el texto oficial.
Simplificación administrativa y fin de «peajes»
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la medida a través de sus redes sociales, destacando que la reforma aporta «racionalidad» al sistema.
Además de los plazos, la normativa eliminó el Informe de Configuración de Modelo (ICM) para vehículos modificados. Sturzenegger calificó este trámite como un «peaje sándwich» gestionado por la Asociación de Ingenieros y Técnicos del Automotor (AITA), cuya eliminación simplifica el proceso al delegar la responsabilidad directamente en el profesional matriculado que firma la reforma.
Con esta ratificación, el mercado de las verificaciones vehiculares entra en una nueva etapa de libre mercado, alineándose con estándares de la Unión Europea donde la exclusividad no es un requisito para garantizar la seguridad en las rutas.
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