Histórico: Córdoba aprobó la «Ley Joaquín» para la protección integral de víctimas de delitos. En un avance legislativo trascendental, la Legislatura de Córdoba aprobó por unanimidad la creación del Régimen Provincial de Protección de las Víctimas de Delitos. La nueva normativa, que además modifica el Código Procesal Penal de la Provincia (Ley 8.123), fue el resultado del consenso y la compatibilización de proyectos presentados tanto por el Poder Ejecutivo como por diversos bloques políticos.
La sesión ordinaria del período legislativo 2026 fue encabezada por la vicegobernadora Myrian Prunotto, acompañada en tramos por el presidente provisorio de la Unicameral, Juan Manuel Llamosas.
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Un homenaje transformado en derecho: ¿Qué es la «Ley Joaquín»?
A partir de su sanción, esta normativa será reconocida oficialmente como la “Ley Joaquín”, en homenaje a Joaquín Sperani, el adolescente de Laboulaye que fue trágicamente asesinado en 2023.
Su familia —su padre Martín Sperani, su madre Mariela Flores y su hermano Nahuel— presenció el debate en el recinto y celebró la aprobación de una ley que busca que ninguna otra familia transite el proceso penal en el desamparo.
«La ley establece un régimen de orden público e integral de derechos, garantías, asistencia, protección y reparación para las personas víctimas de delitos, asegurando su participación informada en el proceso penal.»
Histórico: Córdoba aprobó la «Ley Joaquín»-Aspectos principales
El corazón de la ley radica en transformar los derechos de las víctimas en herramientas exigibles y operativas, dejando atrás las meras declaraciones de deseo. Para ello, unifica criterios y fija obligaciones estatales muy claras.
Ejes fundamentales del nuevo régimen:
Trato digno y sensible: Obligación de operadores judiciales y administrativos de evitar la revictimización.
Información clara: Garantizar desde el primer contacto un lenguaje comprensible y eliminar barreras de accesibilidad.
Protección urgente: Disponer de medidas idóneas y proporcionales para resguardar la seguridad de los afectados.
Asistencia integral: Acompañamiento con enfoque interdisciplinario y promoción de vías efectivas para la reparación del daño.
¿A quiénes se considera víctimas bajo esta ley?
La normativa amplía y define el alcance de la condición de víctima a:
La persona directamente ofendida por el delito.
El cónyuge, conviviente, ascendientes, descendientes o hermanos, en caso de muerte, desaparición o afectación psicofísica grave de la víctima directa.
Quienes ejerzan la responsabilidad parental, tutela o curatela cuando los afectados sean niños, niñas, adolescentes o personas con capacidad restringida.
Coordinación estatal y regímenes especiales
La norma exige que los organismos del Estado provincial actúen con debida diligencia y de manera coordinada para el intercambio oportuno de información, previniendo nuevos riesgos para los denunciantes.
Asimismo, cuenta con un esquema complementario que preserva la vigencia de los regímenes especiales ya existentes, tales como los de violencia de género, violencia familiar, y delitos contra la integridad sexual o las infancias.
Histórico: Córdoba aprobó la «Ley Joaquín»-Capacitación obligatoria para las fuerzas y el Poder Judicial
Para garantizar que la ley no sea un papel muerto, se determinó la implementación de programas de capacitación obligatoria y periódica para los tres poderes del Estado y efectores públicos.
| Personal alcanzado por la capacitación | Contenidos mínimos obligatorios |
* Policía de Córdoba y fuerzas de seguridad. * Servicio Penitenciario. * Personal de institutos socioeducativos (ej. Complejo Esperanza). * Personal de hospitales neuropsiquiátricos públicos. * Operadores judiciales, fiscales y defensores penales. | * Derechos Humanos y uso de la fuerza. * Derechos de las víctimas. * Prohibición de la tortura y tratos crueles. * Perspectiva de género e interseccionalidad. * Estándares del Sistema Interamericano de DD.HH. |
El recinto contó además con el respaldo de autoridades claves del Ministerio de Justicia y Trabajo, representantes de la defensa pública, autoridades locales de Laboulaye y miembros de la Fundación Estrellas Amarillas, consolidando un marco institucional sólido para el nacimiento de la Ley Joaquín.
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