Desde la UCR le apuntaron a Llaryora tras la muerte por torturas en Bouwer. La legisladora expresó que el gobernador debe facilitar la investigación y no ser complice de ocultamiento. La legisladora de la UCR, Daniela Gudiño solicito al gobierno provincial que Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial para que informe sobre algunas cuestiones relacionadas al Sistema Provincial de Seguridad Pública y Ciudadana.
Qué dijo Gudiño
La legisladora radical quiere saber “cuales han sido las medidas urgentes adoptadas por el presidente del Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad, Sr. Maximiliano García, en ocasión de conocer la situación de César Moreno, que fue detenido en la vía pública, en el mes de septiembre del año 2023, que padecía trastornos bipolares con episodios de esquizofrenia, presunta victima de torturas, seguida de muerte, en la carcel de Bouwer”.
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Daniela Gudiño, pide también se “suministre el informe de gestión de dicho órgano desde el año 2022 hasta la fecha, indicando información detallada sobre los últimos hechos acontecidos en el penal ubicado en la localidad de Bouwer”.
“La entonces ministra de Justicia, Laura Echenique era la responsable politica y nada se supo en ese entonces, el gobernador Llaryora deber ser contundente a la hora poner a disposición de la justicia todos los elementos que la provincia puede aportar y no ser cómplice del ocultamiento de pruebas”, sentenció Gudiño.
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Desde la UCR le apuntaron a Llaryora tras la muerte por torturas en Bouwer :una crisis sin precedentes
“Los cordobeses pasamos en estos tiempos por una crisis de seguridad sin precedentes y en constante aumento sin solución alguna. Va de suyo, que después de casi un cuarto de siglo del mismo signo ideológico y político, los resultados están a la vista. A estos efectos, se han ido nutriendo de actores funcionales a ese designio y fin ideológico que lo único que han hecho, es justificar con su conocimiento permitir acciones de un Estado que no da respuesta a las necesidades de los cordobeses y de quienes nos visitan”, expresó la legisladora.
“Para muestra de tantas promesas institucionales, se creó el Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad que es un organismo autónomo de integración interinstitucional. A los fines de dar respuestas que no dio nunca el organismo anterior (Asuntos Internos) que juzgaba a los policías y penitenciarios infectados por la delincuencia, gatillo fácil, torturas de presos y corrupción de todo tipo y color».
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«Tal es el descontrol, que funcionarios policiales y del servicio penitenciario actuaban sin pudor, ni vergüenza a la luz de la institución que vino a reemplazar este ostentoso organismo autónomo que dice la ley. Con funcionarios calificados según la exigencia de la ley, con capacidad y conocimiento para prevenir y erradicar los policías y empleados penitenciarios con deficiente capacitación, cuyos efectos son nocivos para la sociedad. A la prueba nos remitimos que son públicas y notorias, la última antes de los funcionarios corruptos del SPC, ahora apareció un posible caso de tortura”, concluyó.
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