Impulsan una ley para frenar mecanismos adictivos en plataformas digitales. El diputado nacional Juan Fernando Brügge presentó un proyecto de ley que busca establecer un régimen integral de protección para niños, niñas y adolescentes frente a los riesgos del entorno digital. La iniciativa, que tiene alcance nacional, apunta a limitar las prácticas diseñadas para captar la atención de manera intensiva, reducir la exposición a mecanismos adictivos y fortalecer la privacidad de los menores en redes sociales, videojuegos y servicios de streaming.
Impulsan una ley para frenar mecanismos adictivos en plataformas digitales : Límites al diseño manipulativo y perfiles conductuales
El proyecto propone un marco normativo estricto que alcanza tanto a empresas radicadas en Argentina como a proveedores internacionales accesibles en el país. El texto central prohíbe explícitamente los sistemas de recomendación orientados a extender el tiempo de permanencia mediante la creación de perfiles personalizados.
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Además, se restringen prácticas como la recopilación de datos biométricos, la geolocalización precisa y el uso de patrones de diseño manipulativos. La finalidad es proteger a los menores de una exposición desmedida a algoritmos diseñados para sostener la atención constante.
Configuraciones de seguridad por defecto
Uno de los pilares más innovadores de la propuesta es la obligatoriedad de implementar configuraciones de protección infantil activadas por defecto. Entre las medidas destacan:
Bloqueo de notificaciones durante el horario de madrugada.
Desactivación automática de la reproducción continua de contenidos.
Alertas frecuentes sobre el tiempo de uso acumulado.
Asimismo, las plataformas deberán detectar indicadores de uso compulsivo y aplicar medidas progresivas de intervención, que pueden ir desde advertencias hasta restricciones de acceso temporales bajo supervisión humana.
Fiscalización y sanciones ante incumplimientos
Para asegurar el cumplimiento de la norma, la Agencia de Acceso a la Información Pública será la encargada de realizar auditorías y aplicar sanciones, que incluyen multas económicas y suspensiones de operaciones. Por su parte, las empresas extranjeras deberán designar un representante legal en el país.
El proyecto también propone modificaciones al Código Penal, incorporando penas de prisión para quienes comercialicen o elaboren perfiles digitales de menores sin autorización. Brügge justifica este avance tomando como referencia regulaciones internacionales exitosas, como el Children’s Code del Reino Unido, buscando llenar un vacío legal que expone a los menores frente a tecnologías en constante evolución.
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