Escándalo en el Poder Judicial de Río Segundo: Detienen a dos peritos oficiales por exigir coimas. En un operativo coordinado por la Fiscalía de Instrucción y la Dirección de Investigación Operativa (DIO), una psicóloga y una trabajadora social fueron capturadas en flagrancia tras recibir dinero para falsear un dictamen pericial.
RÍO SEGUNDO.– El sistema judicial de la provincia se vio sacudido en las últimas horas tras conocerse la detención de dos integrantes del equipo técnico oficial de los tribunales de Río Segundo. Se trata de la psicóloga Marcia Mariel Lupi y la asistente social Silvia Patricia Romero, quienes enfrentan cargos por el delito de Exacciones Ilegales Agravadas, según lo previsto en los artículos 266 y 267 del Código Penal.
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La investigación, liderada por la Fiscalía de Instrucción y Fuero Múltiple de Río Segundo, se desencadenó a raíz de una denuncia presentada por un abogado penalista. Según el relato del letrado, las profesionales —en su rol de peritos oficiales— habrían contactado a su defendido para exigirle la suma de 2.700.000 pesos. A cambio de este pago, las funcionarias se comprometían a confeccionar un informe pericial favorable a los intereses del imputado, un documento clave que podría haber condicionado el rumbo de la causa judicial en curso.
Escándalo en el Poder Judicial de Río Segundo: Operativo de captura y evidencia
Tras recibir la denuncia, la fiscalía articuló un plan de acción con personal especializado de la Dirección de Investigación Operativa (DIO). Bajo estrictas medidas de vigilancia y técnicas de investigación avanzada, se logró recolectar un «caudaloso e importante» acervo probatorio que confirmaba la maniobra ilícita.
El desenlace tuvo lugar en horas de la tarde de este viernes en una estación de servicio de la zona. Allí, mediante un operativo de «entrega controlada», los efectivos procedieron a la aprehensión inmediata de Lupi y Romero justo después de que estas recibieran la dádiva previamente exigida.
Claves del procedimiento:
Secuestro de pruebas: Se incautaron los teléfonos celulares de ambas imputadas, los cuales serán sometidos a peritajes técnicos para determinar si existían otros pedidos de dinero similares.
Situación procesal: Tras cumplimentar los trámites de rigor, la Fiscalía ordenó el traslado y alojamiento de las mujeres en un establecimiento penitenciario provincial.
Futuro de la causa
Desde el Ministerio Público Fiscal advirtieron que la investigación se encuentra en una etapa incipiente de recolección de datos. No se descarta que, con el avance del análisis de los dispositivos electrónicos y posibles nuevos testimonios, se disponga la ampliación de las imputaciones o se investigue la participación de terceros.
El caso genera una profunda preocupación institucional, ya que pone bajo la lupa la transparencia de los auxiliares de justicia, figuras cuya imparcialidad es fundamental para la integridad de los procesos judiciales en la provincia.
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