Fuerte polémica por el Presupuesto 2027: el Gobierno busca derogar artículos centrales de la ley de emergencia en Discapacidad. La presentación del proyecto de Presupuesto 2027 generó un fuerte rechazo opositor y encendió las alarmas en el sector debido a la inclusión de artículos que derogan y modifican aspectos medulares de la ley de emergencia en Discapacidad. La iniciativa oficial elimina el nomenclador único, suprime la actualización automática por movilidad jubilatoria, restringe la compatibilidad con el empleo registrado y pone en riesgo coberturas de salud esenciales, lo que fue calificado por dirigentes opositores como una medida «ilegal, inconstitucional y de crueldad».
📉 Fuerte polémica por el Presupuesto 2027: Fin del nomenclador único y aranceles fragmentados
Uno de los puntos más cuestionados del proyecto radica en la modificación y supresión de artículos que garantizaban la homogeneidad en el sistema. A través del artículo 14 de la ley 27.793, se eliminaba la dispersión de valores, pero el nuevo texto presupuestario da marcha atrás con esta política.
SigueLeyendo
Negociación individual: Con la eliminación del nomenclador único, los prestadores deberán negociar de manera individual los aranceles con cada prepaga, obra social o provincia.
Desatención y presión a la baja: Según explicó el vicepresidente de la comisión de Discapacidad, Juan Marino (Unión por la Patria), esta política provocará que cada ente obligado fije valores diferenciados, «desatando una presión a la baja y fragmentando la atención médica y terapéutica».
Artículo 39: La normativa sustituye el artículo 7 bis estableciendo explícitamente que «la universalidad no implicará la homogeneidad de aranceles» y que el nomenclador no incluirá valores universales, suprimiendo además la actualización automática mensual atada al índice de movilidad jubilatoria.
En la misma línea, el diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro advirtió que la lógica del proyecto «permite que cada ente obligado determine los valores en su relación con los prestadores», reemplazando una regla objetiva por un esquema «fragmentado, discrecional e incierto».
💼 Restricciones al empleo registrado y supresión de costos
Otro de los ejes críticos se encuentra en el artículo 37, el cual elimina la compatibilidad vigente entre la pensión por discapacidad y un empleo registrado o monotributo que aportara ingresos de hasta dos salarios mínimos.
Inversión de la regla: Con la nueva redacción, cualquier empleo registrado (incluso de pocas horas) o alta tributaria extinguirá de forma directa la pensión.
Pérdida de derechos: Asimismo, se suprime la suspensión temporaria y la rehabilitación inmediata al finalizar un contrato, lo que, según advirtieron desde la oposición, empuja a las personas con discapacidad a la informalidad.
Estudio de costos: El proyecto también borra el instrumento de estudio de costos específicos, asfixiando a los prestadores frente a desfasajes inflacionarios que no capta el IPC, como ocurre con los aranceles de transporte que apenas alcanzan los 900 pesos por kilómetro.
⚖️ Cuestionamientos legales y debate institucional
El proyecto introduce otras modificaciones sensibles: el artículo 41 elimina el artículo 8 de la ley de emergencia que garantiza la cobertura de salud a los titulares de pensiones no contributivas por discapacidad, dejándola de considerar un derecho legal exigible. Asimismo, se altera la definición de persona con discapacidad contemplada en la Convención Internacional, otorgando discrecionalidad al Poder Ejecutivo para revisar requisitos y reducir la nómina de beneficiarios.
Frente a este escenario, Marino calificó la maniobra oficial como «ilegal e inconstitucional», argumentando que introducir modificaciones permanentes de leyes de fondo en una ley de presupuesto viola la Ley de Administración Financiera (Ley 24.156) y vulnera el principio de progresividad en Derechos Humanos.
Por su parte, Ferraro sentenció que el oficialismo mantiene una política de «crueldad» contra un sector que atraviesa una crisis reconocida por ley, con instituciones al borde del cierre y miles de familias en situación de vulnerabilidad extrema.
Discussion about this post