Aprueban subsidio en Oliva para el empleado imputado por el homicidio de Deolindo Gómez. A través del Decreto N° 361/2025, el intendente José Octavio Ibarra autorizó el pago de $1.500.000 a favor de Juan Carlos Ramón Cuello. La erogación se justifica como una «colaboración económica» para afrontar su defensa judicial.
SigueLeyendo
Un nuevo decreto del Poder Ejecutivo Municipal de Oliva ha generado sorpresa en el ámbito administrativo y político local. El documento, fechado el pasado 30 de diciembre, establece el otorgamiento de un subsidio no reintegrable por un monto de un millón quinientos mil pesos ($1.500.000,00) destinado a un empleado de la planta municipal.
El beneficiario de esta medida es el agente Juan Carlos Ramón Cuello. Según reza el considerando del decreto, el objetivo del municipio es «colaborar económicamente con los gastos que demanda» el proceso penal en el que el trabajador se encuentra actualmente enfrentando.
Cabe recordar que Cuello fue imputado por la fiscal de Oliva el pasado 11 de noviembre. Como presunto autor de homicidio culposo agravado. En la causa que busca esclarecer la muerte de Deolindo Gómez, en predios del basural municipal de Oliva.
Aprueban subsidio en Oliva para el empleado imputado por el homicidio de Deolindo Gómez: El fundamento del Ejecutivo
Para fundamentar esta ayuda económica, el Ejecutivo encabezado por el intendente Ibarra apeló al artículo 123, inciso 17 de la Carta Orgánica Municipal, el cual faculta al mandatario a administrar los bienes de la ciudad. El texto oficial asegura que el monto otorgado «no afecta las arcas municipales» y cuenta con el dictamen favorable (N° 182/2025) de la Asesoría Letrada.
Lo que llama la atención desde un análisis administrativo es la partida presupuestaria de donde se extraerán los fondos. El Artículo 2° del decreto ordena que la erogación sea imputada a la partida de «Ayuda General (Acción Social)» del presupuesto vigente.
Puntos clave del Decreto 361/2025:
Beneficiario: Juan Carlos Ramón Cuello, agente municipal.
Monto: $1.500.000 en concepto de subsidio no reintegrable.
Motivo: Gastos derivados de un proceso penal.
Responsables: El decreto lleva la firma del Intendente José Octavio Ibarra y es refrendado por el Secretario de Desarrollo Humano y Gobierno, César Miguel Salvatori.
Un precedente particular
La decisión del municipio de utilizar fondos de Acción Social para financiar los costos legales privados de un agente público en un proceso penal marca un precedente que invita al debate. Si bien el decreto afirma que la suma no «compromete las finanzas locales», queda abierta la discusión sobre si el concepto de «Ayuda Social» es el canal adecuado para este tipo de contingencias judiciales personales.
Este tipo de actos administrativos suelen requerir una transparencia máxima, especialmente cuando se trata de fondos públicos derivados a situaciones penales individuales.
El decreto
Discussion about this post