Buscan que autoridades municipales de Oliva se realicen un narcotest de manera anual. Encuentro Cívico Oliva dio cuenta de dos proyectos presentados en el Deliberante local. Uno de ellos hace referencia a la aplicación del narcotest en funcionarios de la planta política de la ciudad.
Esto esta concatenado a la disposición vía ley a nivel provincial al respecto. La ley 10954 sancionada el pasado 21 de diciembre por la Legislatura. Vió luz verde en el Deliberante local, con la adhesión a la misma en la ordenanza 410/2024 sancionada el 22 de febrero.
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Que el artículo 66 de la ley establece la obligación para los funcionarios públicos y asesores. La presentación anual ante el Ministerio de Salud de un certificado negativo. El que deberá estar expedido por una institución médica que acredite la realización de exámenes de presencia de metabolitos de drogas psicotrópicas ilegales.
La norma, de aprobarse, reglamentará la aplicación, que abarcará a “las personas que desempeñen funciones por elección popular” tanto sea “el intendente, viceintendente, concejales y tribunos de cuenta. Los secretarios y subsecretarios, los directores y subdirectores, asesores”. Como también “Defensor del Vecino, Juez Administrativo de Faltas”.
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Buscan que autoridades municipales de Oliva se realicen un narcotest de manera anual: La modalidad
Los anteriores, deberían presentar anualmente ante la autoridad competente, certificado negativo expedido por institución médica. Que acredite la realización de exámenes complementarios de presencia de metabolitos de drogas psicotrópicas ilegales. guardando debida reserva todo aquel que tenga acceso al contenido de este.
La fecha límite para la presentación del certificado negativo será el 30 de abril de cada año. Siendo la autoridad de aplicación la Dirección de Salud municipal.
El artículo 4 establece que “aquel funcionario que incumpliere en el plazo o la calidad de la presentación. Será sancionado con el equivalente a 3 veces la dieta bruta de un concejal municipal. Que se acreditará en una cuenta específica para abordar la problemática de adicciones”. Lo que, de aprobarse el Presupuesto 2025, será una suma superior a los $2.4 millones.
“Esta iniciativa tiene por objeto prevenir que los funcionarios públicos se encuentren bajo los efectos de sustancias psicotrópicas. Que puedan afectar su desempeño, juicio o comportamiento a la hora de la toma de decisiones en cuestiones de Estado. Dañando la credibilidad del estado municipal” remarcaron desde el bloque opositor en los fundamentos del proyecto.
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