Córdoba oficializa el protocolo para cobrar los gastos de falsas amenazas y violencia en escuelas. El Gobierno de la Provincia de Córdoba formalizó este lunes la implementación del «Protocolo de Recupero y Resarcimiento de Gastos», un mecanismo administrativo diseñado para que el Estado pueda cobrar los costos de los operativos policiales y de seguridad derivados de amenazas, hechos de violencia o conductas de riesgo en ámbitos escolares.
La medida, que ya había sido anticipada por el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros, quedó oficialmente vigente tras su publicación en el Boletín Oficial. El objetivo central es desalentar las falsas amenazas de bomba y otras conductas disruptivas que obligan al despliegue de recursos públicos críticos.
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Córdoba oficializa el protocolo: Cómo funcionará el sistema de cobro
El procedimiento administrativo se activa una vez que el Ministerio Público Fiscal individualiza a los responsables del hecho. En el caso de menores de edad, la responsabilidad económica recaerá sobre sus padres o tutores legales.
Los pasos del protocolo incluyen:
Determinación de costos: La Jefatura de Policía deberá calcular el gasto de los recursos humanos y materiales afectados.
Expediente digital: Se conformará un legajo con informes técnicos, registros del 911 y constancias de las fuerzas participantes (Bomberos, Brigada de Explosivos, etc.).
Intimación de pago: Una vez cuantificado el daño, se notificará a los responsables, quienes tendrán un plazo perentorio de 5 días para realizar el depósito en una cuenta bancaria oficial.
Vía judicial: En caso de no efectuarse el pago, la Fiscalía de Estado iniciará las acciones legales correspondientes para el recupero de fondos.
Impacto en los recursos públicos
El protocolo distingue entre operativos de baja, media y alta complejidad. Según la normativa, cada vez que se activa un protocolo por amenaza en una escuela, el Estado moviliza logística especial, servicios de emergencia y fuerzas de seguridad que dejan de estar disponibles para otras urgencias. Con esta política, la Provincia busca garantizar que quienes generen situaciones de riesgo se hagan cargo del impacto económico que ocasionan al presupuesto provincial.
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