Denuncian irregularidades contables y una pérdida patrimonial millonaria en Villa María. En una presentación formal ante la Justicia, el dirigente local Manuel Sosa ratificó una denuncia penal contra la gestión municipal de Villa María por presuntas irregularidades administrativas, abuso de autoridad y malversación de fondos públicos. El eje central de la acusación es una discrepancia contable que derivó en una pérdida patrimonial estimada en 5.500 millones de pesos.
Denuncian irregularidades contables y una pérdida patrimonial millonaria en Villa María: El origen de la investigación
La controversia se originó a mediados de 2025, cuando ante la falta de acceso a información pública sobre la situación financiera del municipio, el espacio político de Sosa recurrió a la Justicia para exigir transparencia. Tras este proceso, un procedimiento acordado con la consultora técnica Russell Bedford dejó en evidencia una brecha significativa entre los registros del sistema contable de la Municipalidad y la disponibilidad real de fondos en las cuentas bancarias.
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Irregularidades en los estados contables
Acompañado por el tribuno de cuentas Maxi Romero, Sosa advirtió sobre la falta de rigor en la presentación de balances. Según lo denunciado, el balance correspondiente al ejercicio 2023 no fue presentado en tiempo y forma. Al momento de la entrega del balance 2024, se incluyó el periodo anterior. Mediante un informe de saldos provisorios, argumentando una supuesta carencia de elementos técnicos para formular un balance consolidado.
Para los denunciantes, esta omisión constituye una falta grave. Que afecta la transparencia y el derecho de los vecinos a conocer el destino de los recursos municipales.
Próximos pasos en la Justicia
«Estamos hablando de una gran suma de dinero que depende de los villamarienses, y no podemos dejar pasar esta situación a la ligera», afirmó Sosa tras ampliar su declaración. Actualmente, la causa se encuentra bajo el análisis de la Fiscalía. Donde se espera el avance de las medidas probatorias necesarias para determinar responsabilidades y esclarecer el faltante de 5.500 millones de pesos.
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