Avanza la causa judicial tras los allanamientos de la Federal en Oliva y la región. Una exhaustiva investigación judicial por el vaciamiento sistemático de cuentas bancarias del Poder Judicial de Santa Fe arrojó definiciones procesales contundentes y sacudió a la región. Con un perjuicio económico actualizado en más de 425 millones de pesos, la Justicia dictó la prisión preventiva efectiva para el exfiscal principal y otros cuatro integrantes de la asociación ilícita, en un expediente que expone una compleja trama de ludopatía, testaferros y conexiones institucionales que tuvo su correlato operativo en Oliva y otras localidades cordobesas a través de la Policía Federal.
📍 Avanza la causa judicial tras los allanamientos de la Federal en Oliva y la región: Los allanamientos en Oliva y el rol de los prestanombres en la región
El despliegue territorial de la causa tuvo uno de sus puntos clave el pasado 2 de septiembre, cuando agentes de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) de la Policía Federal Argentina (PFA) ejecutaron 15 allanamientos simultáneos entre Rosario, Córdoba Capital, Villa María, Río Segundo y Oliva.
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En nuestra ciudad, los procedimientos federales se concentraron de manera puntual en dos inmuebles particulares ubicados sobre las calles Alberdi y Caseros, en sintonía con las irrupciones realizadas en una vivienda de calle Leandro N. Alem en Río Segundo y otra en calle Sáenz Peña en Villa María. El objetivo central en estas fincas fue el secuestro de evidencia digital y documental clave: los agentes incautaron teléfonos celulares, computadoras, tarjetas de débito, libretas de anotaciones bancarias y comprobantes de depósitos y extracciones.
Para la fiscalía, estos domicilios y sus ocupantes formaban parte de una red de intermediarios y «mulas bancarias» en Córdoba y Santa Fe. Los investigados facilitaron sus identidades y CBU personales para recibir las transferencias emitidas desde las cuentas del Banco Municipal, retirar el efectivo por ventanilla o cajero automático y redistribuirlo hacia la cúpula de la organización para eludir los controles de la Unidad de Información Financiera (UIF).
⚖️ La génesis de la causa y la paradoja en la Fiscalía General
El expediente se activó a partir de una anomalía detectada en una cuenta judicial. Fue la propia Unidad de Delitos Económicos la que dio aviso, derivando el caso a la unidad especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, a cargo de los fiscales Adrián Spelta y Carla Cerliani.
La investigación reconstruyó un arco temporal de maniobras extendidas, al menos, entre 2017 y 2024. La captura del principal sospechoso fue solicitada por el fiscal Spelta, cuya unidad depende de la Fiscalía General liderada por María Cecilia Vranicich. La paradoja institucional no pasó desapercibida: fue precisamente Vranicich quien, cuando ocupaba la Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación (MPA), había investigado al exfiscal en 2024 y advertido que su conducta ameritaba una sanción mucho más severa que la recibida en su momento.
🎰 La hipótesis fiscal: el botín judicial al servicio de la ludopatía
Durante la audiencia imputativa en el Centro de Justicia Penal de Rosario, el principal acusado —exintegrante de la Unidad de Delitos Económicos del MPA— prestó declaración. Y admitió las maniobras, argumentando padecer una severa ludopatía y haber utilizado la totalidad del dinero para saldar deudas de juego.
La teoría del caso sostiene que el exfuncionario utilizaba su cargo y conocimiento técnico para decidir qué cuentas judiciales podían ser vaciadas, confeccionando y firmando oficios apócrifos. Se trataba de fondos depositados en concepto de fianzas, cauciones, reparaciones a víctimas o dinero secuestrado en causas penales. De un universo total analizado de 148 cuentas, las primeras 48 peritadas arrojaron evidencias de al menos 12 hechos delictivos por un monto actualizado en más de $425 millones de pesos.
Como detalle singular de la operatoria. La organización contaba con un dispositivo para «tapar el pozo»: un abogado penalista investigado se presentaba en los bancos para depositar efectivo. Y recomponer temporalmente los saldos cuando una causa estaba próxima a un juicio abreviado o una probation. Buscando disimular los faltantes antes de que alguien auditara los números. De las 12 causas comprobadas, nueve no devolvieron los fondos y tres registraron retornos parciales.
🚗 Historial salpicado, antecedentes y la sombra del crimen organizado
El perfil del exfiscal principal ya arrastraba un historial de sanciones y cuestionamientos institucionales. Había dejado su cargo el 25 de junio de 2024. Una semana después de reincorporarse tras cumplir una suspensión de 60 días sin goce de sueldo impuesta por la Legislatura por mal desempeño.
Dicha sanción se originó en la entrega irregular de un vehículo Mercedes-Benz secuestrado en una causa por estafas a un financista, el cual terminó en manos de un comisario amigo. Asimismo, su nombre quedó salpicado por otro episodio de alto voltaje: un Chevrolet Cruze negro registrado a su nombre fue detectado en manos de un exsuboficial condenado. Por integrar una banda narcocriminal rosarina y prófugo hasta su captura en 2025.
El vehículo fue seguido por la Procuración contra el Narcotráfico (Procunar) rumbo al aeropuerto de Ezeiza. Aunque el exfuncionario alegó haberlo vendido y consultó de antemano sobre su situación en una causa federal reservada. Los investigadores federales sospechan que la filtración de información provino de sectores vinculados al exjefe de la delegación local de la ex-AFI (SIDE). Cuyo procesamiento fue confirmado recientemente por la Cámara de Casación.
🏛️Avanza la causa judicial tras los allanamientos de la Federal en Oliva y la región: Crisis institucional, prisión preventiva y resoluciones judiciales
La magnitud de la causa se inscribe en una crisis estructural del organismo fiscal provincial. Con la reciente destitución de otro fiscal en San Jorge, ya son diez los fiscales o exfiscales del MPA denunciados, imputados o condenados. Desde la puesta en marcha del sistema en 2014 (incluyendo cuatro detenciones carcelarias, remociones y suspensiones legislativas).
Al definir la situación procesal, la jueza María Trinidad Chiabrera dictó la prisión preventiva efectiva para el exfiscal principal. Y el abogado penalista vinculado a las maniobras de encubrimiento financiero. En tanto, por acuerdo entre los fiscales Spelta, Cerliani y las defensas técnicas. Los supuestos testaferros identificados recuperaron la libertad bajo condiciones restrictivas. Mientras continúan rigurosas pericias sobre los dispositivos electrónicos incautados por la Policía Federal para determinar el alcance total de la red delictiva.
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