Condenan a policías y civiles por red de autos robados. Condenas por Asociación Ilícita y Encubrimiento Destapan Compleja Trama Delictiva
Siete individuos, incluyendo cuatro efectivos policiales, fueron sentenciados ayer por su participación en una sofisticada red dedicada a la venta de autos robados en las localidades de Oliva y Oncativo. Este juicio es la segunda fase de un proceso que ya condenó a ocho miembros de la misma banda, sumando un total de 16 implicados en esta compleja trama delictiva.
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Condenan a policías y civiles por red de autos robados que operaba en Oliva y Oncativo: Un Negocio Ilícito con Sellos Oficiales
La investigación, liderada por la fiscal Mónica Biandrate de Oliva, reveló el modus operandi de la banda: vehículos sustraídos en Córdoba capital eran «enfriados» –guardados por un tiempo para evitar su rastreo– y luego comercializados con patentes «mellizas» (clonadas de otros vehículos legítimos) y documentación apócrifa. Detalla la crónica elaborada por nuestros colegas del Diario de Villa María.
A esta causa central se sumó un episodio de extorsión protagonizado por dos policías y un civil en una fábrica de Oncativo en 2016. Abordaron a un trabajador que había comprado uno de los vehículos robados y le exigieron $80.000 para «arreglar» la situación. El trabajador, quien declaró como único testigo ayer, se negó y relató la estafa que sufrió y el intento de coima. «Me estafaron», afirmó sobre los vendedores, y «me quisieron coimear» sobre los policías.
Confesiones y una Sentencia con Prisión Efectiva
Seis de los siete acusados presentes en la sala admitieron su culpabilidad, lo que allanó el camino para sus condenas. Sin embargo, uno de los implicados se declaró inocente, lo que resultó en la única sentencia de prisión efectiva del grupo juzgado ayer. La ausencia de un octavo acusado, el policía Sergio Espósito, quien presentó un certificado médico, pospone el cierre definitivo de la causa para una tercera audiencia.
Protagonistas de la Red: Civiles y Uniformados en la Mira de la Justicia
Civiles Condenados a Trabajos Comunitarios
Entre los condenados figuran dos civiles clave en la estructura de la banda: Carlos Orellano (64), de Oncativo, y su yerno, el empresario logístico Alejandro Ostorero (56), radicado en Toledo. Ambos reconocieron haber integrado la red que receptó y vendió al menos seis vehículos robados, incluyendo modelos como un Cruze, una Suran, un Voyage, una Amarok, un Ford Focus y un Peugeot 208.
Fueron condenados por asociación ilícita y encubrimiento a tres años de prisión en suspenso, lo que significa que no irán a la cárcel. Como parte de sus reglas de conducta, deberán realizar 96 horas de trabajos comunitarios en el Hospital Emilio Vidal Abal (HEVA) de Oliva. Su defensa estuvo a cargo del abogado cordobés Alejandro Dragotto.
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Policías Implicados en Encubrimiento y Concusión
El exsubcomisario Claudio González (50), oriundo de Oliva y residente en Villa María, también fue condenado. González admitió su culpabilidad en encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público por adquirir un Renault Cruze a sabiendas de su origen ilícito. Recibió una pena de tres años de prisión condicional y un año de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Su defensa fue asumida por el abogado olivense Gabriel Razuk.
Otro uniformado sentenciado es Mariano Santillán (47), quien hasta ayer prestaba servicios en el destacamento de Manfredi. Santillán fue hallado culpable de adquirir una Suran robada. Además, la investigación reveló que el 16 de agosto de 2016, al inicio de los allanamientos, alertó telefónicamente a otros miembros de la banda para que hicieran «desaparecer» sus teléfonos celulares, dificultando la investigación. Por ello, fue condenado a tres años de prisión condicional por encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público, con un año de inhabilitación y las mismas reglas de conducta que el resto de los condenados en libertad.
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Bajo el delito de concusión (conocido popularmente como «coima»), fueron condenados el policía retirado Claudio Martínez y el oficial en actividad Jorge Esteban Suárez. Junto al tarotista Mario Salugo. Ambos uniformados confesaron haber intentado extorsionar al trabajador de Oncativo por el auto robado, recibiendo condenas de tres años de prisión en suspenso y cinco años de inhabilitación para cargos públicos. También deberán cumplir servicios comunitarios en el Hospital Vidal Abal.
Martínez, técnico en seguridad comunitaria, y Suárez, abogado, fueron representados por los letrados Manuel Toledo, Germán García y Agustín Viglione, respectivamente. Por su parte, el tarotista Salugo, quien afirmó desconocer el propósito de la visita a la fábrica. Fue el único en recibir una condena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo debido a una condena anterior por violencia de género. Su abogado, José Nayi, solicitó la absolución por el beneficio de la duda.
La resolución de este caso subraya la complejidad de la delincuencia organizada. Que involucra tanto a civiles como a miembros de las fuerzas de seguridad. Y reafirma el compromiso de la justicia en la lucha contra estas redes ilícitas.
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